LUZARMY @luarmaba

"Se debe investigar el ‘Pacto de Valledupar’". Hablamos con el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Roberto Solórzano. Vea la entrevista completa: youtu.be/HKdkBjCNE0c

En el marco del III Encuentro Nacional de la Jurisdicción Penal, realizado en Santa Marta, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia presentó la obra “El control judicial en el proceso penal colombiano”. Una publicación que reúne jurisprudencia relevante de la Sala en el marco de la Ley 906 de 2004 y resalta el papel del juez como garante de los derechos fundamentales y del debido proceso. A lo largo de cinco capítulos, la obra aborda temáticas relacionadas con el control de garantías, la formulación de imputación, los actos de investigación que afectan derechos fundamentales, la formulación de acusación, los hechos jurídicamente relevantes, la audiencia preparatoria y la cláusula de exclusión. Sígalo en: youtube.com/live/CZXYuGKfF…

Avanza el panel Nuevas formas de criminalidad: derecho penal económico Participan Ricardo Posada Maya, profesor del Área de Derecho Penal de la Universidad de los Andes; Juan Carlos Prías Bernal, profesor universitario y abogado litigante; Alfonso Cadavid Quintero, profesor universitario y abogado litigante y Paula Andrea Ramírez Barbosa, magistrada de la Sala Especial de Primera Instancia. Modera Ricardo Calvete Merchán, magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia. @Uniandes @CorteSupremaJ En directo en la página de la Corte Suprema de Justicia y el canal de YouTube de la corporación: youtube.com/live/A4q6QsSu6…

El presidente Abelardo De La Espriella ordenó al Inpec entrar a la celda de la persona que estaría detrás de las amenazas contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se dice que sería Kiko Gómez; fue encontrado un celular. semana.com

La #SalaDeCasaciónPenal de la @CorteSupremaJ casó parcialmente una sentencia y concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena a dos condenados que integraban una organización criminal dedicada a adulterar, importar ilegalmente y comercializar medicamentos falsificados, vencidos y de uso institucional, que eran distribuidos a droguerías, clínicas y hospitales del país. En la decisión, la Sala modificó la jurisprudencia y precisó que, para establecer si procede este subrogado penal, el requisito objetivo debe examinarse con base en la pena impuesta en la sentencia, y no en la pena mínima prevista para el delito cometido, aunque éste haya sido modificado en virtud de algún acuerdo. Ver SP680-2026: acortar.link/jv2Ldb

Las Voces de la Corte La #SalaDeCasaciónLaboral de la Corte Suprema de Justicia protegió los derechos de trabajadores con múltiples contratos de trabajo, siempre que no hayan pactado cláusula de exclusividad. La Sala advirtió que tener varios vínculos no es excusa para que un empleador niegue una relación de trabajo y evada el pago de sus obligaciones laborales. El pronunciamiento se dio al declarar el "contrato realidad" de un auxiliar de aseo y mantenimiento que prestó servicios por más de 25 años para un condominio y que trabajó también de forma esporádica para otras dos personas más. 🔊Encuentre más detalles en el podcast Las Voces de la Corte en Spotify: open.spotify.com/episode/1gbBN4… 📄Ver el comunicado de prensa: acortar.link/P5TMe0 #JusticiaLaboral #DerechosLaborales #CorteSupremaDeJusticia #SalaLaboral

#ContenidoPremiumET | Primicia: ponencia en la Corte pide devolver la reforma pensional por segunda vez al Congreso eltiempo.com/justicia/corte…

La Corte Suprema de Justicia da la bienvenida a la magistrada Paula Andrea Ramírez Barbosa, quien asumió como integrante de la #SalaEspecialDePrimeraInstancia. Su experiencia, formación y compromiso con una justicia independiente e imparcial fortalecerán la labor de esta Sala, que en los próximos meses quedará integrada exclusivamente por mujeres, un hito que evidencia el compromiso de la corporación con una administración de justicia más representativa e incluyente. #JusticiaPresente #Paridad #CorteSupremaDeJusticia

La Corte Suprema de Justicia posesionó a Paula Andrea Ramírez Barbosa como nueva magistrada de la Sala Especial de Primera Instancia, con lo que esa sala quedó integrada exclusivamente por mujeres. Ramírez es abogada ibaguereña, especialista y doctora en Derecho y cuenta con una trayectoria en la Fiscalía, la Procuraduría, la academia y la investigación jurídica. #VocesySonidos

Iniciamos en📍Barranquilla el II Encuentro Nacional de Estandarización de Providencias Judiciales – Especialidad Penal, un espacio para avanzar en la construcción de providencias más claras, comprensibles y de calidad 🔴 Conéctate - acortar.link/traLYz

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El fortalecimiento de la cooperación interinstitucional es clave para garantizar los derechos de las víctimas. El presidente de la #SalaDeCasaciónPenal de la @CorteSupremaJ, Carlos Roberto Solórzano Garavito, se reunió con representantes de @ACNURColombia y la @personeriabta para avanzar en acciones conjuntas en favor de su reconocimiento y protección. Asistieron al encuentro en el Palacio de Justicia Giovanni Lepri, representante de ACNUR en Colombia; Gloria Bohórquez, personera auxiliar de Bogotá; y David Sánchez, jefe de la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales de la Personería de Bogotá.

Sala de Tutelas de la @CorteSupremaJ unificó el criterio sobre redención de pena y determinó que el beneficio de 2 días de reclusión por cada 3 de actividad aplica para trabajo, estudio y enseñanza. La decisión protege los principios de igualdad y favorabilidad para las personas privadas de la libertad. 📄Ver tutela STP8152-2026: acortar.link/pqvonN 🎙️Ver comunicado de prensa: acortar.link/yjuBlA

Convivencia: requisito esencial. La #SalaDeCasaciónLaboral de la @CorteSupremaJ aclaró que el matrimonio no basta para solicitar la pensión de sobrevivientes; es obligatorio acreditar la convivencia efectiva de mínimo 5 años con cohabitación, auxilio y socorro mutuo. Ver sentencia SL2294-2025: acortar.link/THZOkv

Condena a fiscal que cobró un millón de pesos para archivar proceso a investigado por homicidio de un menor en un accidente vial. La #SalaDeCasaciónPenal de la @CorteSupremaJ dijo que el funcionario omitió un acto propio de sus funciones y voluntariamente se apartó de sus deberes. ▶️Ver SP030-2026: acortar.link/CZydxb

¿Y si el problema no es Uribe, sino Coronell? Por Carolina Restrepo Cañavera En su columna de hoy, Daniel Coronell insinúa que el proceso contra Álvaro Uribe estaría amañado porque el hijo del magistrado Carlos Roberto Solórzano Garavito trabaja en la Procuraduría, bajo la dirección del procurador que actuó como interviniente en el juicio. A partir de esa relación, traza una cadena de vínculos políticos y personales para concluir, sin decirlo abiertamente, pero dejándolo sugerido, que la imparcialidad está comprometida y que, por lo tanto, la Corte Suprema no debe rechazar la casación. Esa es la jugada. El periodista no está preocupado por las garantías del procesado. Está preparando el terreno para deslegitimar una decisión judicial si esta no se alinea con su narrativa. Lo grave es que, en su intento de construir un escándalo, ignora o finge ignorar, que la recusación de un juez no se basa en la hoja de vida del hijo ni en la historia laboral de la esposa, sino en causales objetivas y directas que afecten su imparcialidad en el caso concreto. Nada de eso está probado aquí. En derecho, la imparcialidad se presume. Y la carga de la prueba la tiene quien la pone en duda. Decir que hay conflicto de interés porque el hijo del magistrado trabaja en la Procuraduría, una entidad con más de 4.000 funcionarios, no solo es forzado, sino malintencionado. De hecho, ni siquiera los representantes de víctimas habían recusado al magistrado hasta que Coronell publicó su columna. Es decir, la recusación fue efecto del escándalo, no del proceso. Pero hay algo más grave: mientras la defensa de Uribe ha sido expuesta, analizada y criticada públicamente con lupa, los vínculos ideológicos y laborales de algunos intervinientes contra él han sido tratados con absoluta indulgencia. Ningún periodista se preguntó si Miguel Ángel del Río debía declararse impedido por haber sido contratista del gobierno Petro. Nadie exigió la recusación de Reinaldo Villalba por sus vínculos con organizaciones que han litigado contra Uribe desde hace años. ¿Por qué? Porque en Colombia algunos conflictos de interés indignan más que otros. Y la vara cambia según de qué lado en el que se esté. El recurso de casación no es una tercera instancia. Es un mecanismo excepcional que no se concede automáticamente. Y es muy probable que, en derecho, sea inadmitido. Por eso se recurre al escándalo. Por eso se construye una narrativa de linaje, como si el hijo del magistrado fuera una extensión de su voluntad. El objetivo no es la justicia, es la presión. No es el debido proceso, es el relato. Aquí no hay justicia contaminada por Uribe. Lo que hay es periodismo contaminado por odio. Y eso también debe decirse. No para deslegitimar al periodismo, sino para recordar que la justicia no se mide por columnas de opinión ni por el volumen de los aplausos. Se mide en derecho. Y en derecho, hasta ahora, lo que hay es una absolución sólida, dos instancias firmes y una casación sin fundamentos. No es el país el que se llenó de Solórzanos. Es Daniel Coronell el que se quedó sin argumentos.

#NoticiasUNO| Se confirmó la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, tras un fallido despegue en una avioneta en la vereda Romita en Paipa, Boyacá

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Mauricio Gaona cuestiona al presidente Petro por presentar una nueva narrativa sobre la muerte de su padre, el magistrado Manuel Gaona, durante la toma del Palacio de Justicia

🇨🇴🚨| MAURICIO GAONA, DESTROZA A PETRO: “Al que hay que cambiar es al presidente, no la Constitución” “Cuando un presidente quiere cambiar la Constitución porque no le permite hacer lo que quiere, al que hay que cambiar es al presidente, no la Constitución. Después de todo, la Constitución, no la voluntad del presidente, es la norma de normas” J. Mauricio Gaona @JMauricioGaona.

Las salas civil, agraria y rural, laboral y penal de la Corte Suprema de Justicia adelantaron sesiones ordinarias en la ciudad de Valledupar, donde tomaron decisiones en procesos de su competencia.

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Sobre el delito de inasistencia alimentaria: no es suficiente demostrar un simple incumplimiento del pago de la cuota alimentaria El delito de inasistencia alimentaria se encuentra consagrado en el artículo 233 de la Ley 599 de 2000, como una conducta de infracción al deber, que establece que aquel que se sustraiga sin justa causa a la prestación de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes, adoptante, adoptivo o compañero o compañera permanente, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses. Para su consolidación se requieren tres elementos, a saber: i) el parentesco o vínculo entre alimentante y alimentado; ii) la sustracción total o parcial de una obligación alimentaria y iii) que dicho incumplimiento se produzca sin justa causa. La conducta descrita requiere que se pruebe el incumplimiento del deber de pago; sin embargo, respecto al último elemento del delito, el ingrediente normativo ‘sin justa causa’, el cual exige que el incumplimiento de la obligación se produzca sin motivo que lo justifique, de forma inexcusable e infundada, dado que en la determinación del carácter justo o injusto de la infracción al deber de brindar asistencia alimentaria, es necesario establecer que el obligado cuente con los medios para atender la obligación alimentaria. De esta forma, no es suficiente demostrar un simple incumplimiento del pago de la cuota alimentaria, toda vez que el deber de asistencia alimentaria dependerá, junto con esto, de la necesidad del beneficiario y la capacidad del deudor, pues la prestación alimentaria bajo ninguna premisa podrá sobreponerse a la propia subsistencia de quien se encuentra llamado a su cumplimiento. Siguiendo esta línea, «cualquiera que sea la postura dogmática que se asuma, lo cierto es que la carencia de recursos económicos no solo impide la exigibilidad civil de la obligación, sino -a fortiori- la deducción de la responsabilidad penal (CSJ SP, 19 ene 2006, rad. 2023), punto en el que se consolidará una causal de ausencia de culpabilidad por fuerza mayor, no equiparable con las causales referidas en el artículo 32 de la Ley 599 de 2000, al tratarse de una causal objetiva por la cual, razonablemente, se produce el incumplimiento. De igual manera, resulta relevante, analizar su consolidación sobre la base del valor constitucional de la solidaridad que, conforme al artículo 1º de la Constitución Política, irradia a todos los sujetos, especialmente a los niños -sujetos de especial protección-. Ese cuerpo de derechos y obligaciones en los que la solidaridad es sustancial, los desarrolla la legislación civil, que establece, entre otros derechos, que se deben alimentos a los descendientes -artículo 411 del Código Civil- (CSJ SP3029-2019, 31 jul., rad. 51530). Además, el artículo 24 de la Ley 1098 de 2006, en lo atinente al derecho a los alimentos de los menores, determinó que: Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a los alimentos y demás medios para su desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y social, de acuerdo con la capacidad económica del alimentante. Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, la habitación, vestido, asistencia médica, recreación, educación o instrucción y, en general, todo lo que es necesario para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. En el caso específico de los descendientes, el límite establecido, respecto del menor se considerará un período superior a la mayoría de edad, porque se deberán alimentos al hijo hasta los 25 años, plazo máximo del sujeto pasivo para acceder a estudios profesionales o que le permitan formarse para el ejercicio de un oficio que le posibilite su propia subsistencia. En todos estos eventos, hay que aclararlo, el elemento esencial para extinguir la obligación alimentaria lo constituye la superación de las condiciones que dieron origen a la prestación alimentaria (CSJ SP3029-2019, 31 jul., rad. 51530). Es decir, la necesidad del alimentado y la imposibilidad de que la condición de estudiante -por la cual se extendió el deber más allá de los 18- se sostenga de forma indefinida. Por otro lado, la inasistencia alimentaria es un delito de peligro, por cuanto no requiere que se cause efectivamente un daño material al bien jurídico protegido para que se considere realizado, sino la demostración del incumplimiento de los deberes especiales de solidaridad y asistencia entre los integrantes de la familia. Valga precisar, corresponde a un interés de tutela supraindividual, cuya existencia deriva de la institución constitucional de la familia como el núcleo fundamental de la sociedad (art. 42 inc. 1º), a partir del cual se generan deberes especiales de solidaridad y asistencia entre sus integrantes, como la obligación de amparar mediante la prestación de alimentos -arts. 411 del C.C. y 24 de la Ley 1098 de 2006- Al margen de los perjuicios que se produzcan materialmente, la inasistencia alimentaria es una conducta sancionada debido al impacto que la misma produce en uno de los componentes esenciales de la familia -la asistencia entre sus miembros-, siendo esta una institución social central. Por ese motivo, su enfoque no radica exclusivamente en un resultado específico, sino en el deber especial en cabeza de quien comete la conducta, conforme al rol que le ha sido asignado dentro de la sociedad. Portal de actualización Jurisprudencial. Solicita tu suscripción aquí 👉 wa.link/q6gjne