Edward Perez @EdwarOlago

Responsabilidad Fiscal:Quien da visto bueno jurídico a modificaciones contractuales contrarias a la ley puede responder fiscalmente, aunque no sea ordenador del gasto. Lo que cuenta es la incidencia real de su conducta en el daño drive.google.com/file/d/1vDHXCv…

#ContrataciónEstatal ⚠️🏗️⚖️ Puede contratarse una interventoría mediante mínima cuantía ? La interventoría es un contrato de consultoría y, por regla general, se selecciona mediante concurso de méritos. Sin embargo, el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 establece la mínima cuantía para contratos cuyo valor no exceda el 10% de la menor cuantía de la entidad, independientemente de su objeto. Por tanto, cuando concurren ambas modalidades, la regla especial de mínima cuantía desplaza el concurso de méritos, siempre que se cumpla el límite legal de cuantía. Así lo ha reiterado Colombia Compra Eficiente, entre otros, en los conceptos C-215 de 2025, C-951 de 2026 y C-1197 de 2026. La naturaleza de consultoría no elimina la aplicación de la regla especial de mínima cuantía.

🤑¿Cuál es el régimen aplicable en la ejecución de proyectos cuya fuente es el Sistema General de Regalías, cuando la entidad ejecutora se rige por el derecho privado? Igual a lo conceptuado por el Consejo de Estado, Colombia Compra confirma que el régimen es el EGCAP Descarga aquí👇️ buff.ly/yOAPYJr

¿Te pueden condenar penalmente por manejar un vehículo con la licencia de conducción suspendida? Un ciudadano fue sorprendido en un retén policial mientras manejaba un vehículo con la licencia de conducción suspendida. Él fue tan sincero que reconoció no tener permiso para conducir y corroboró la sanción administrativa en su contra. A pesar de eso, le iniciaron un proceso penal por el presunto delito de fraude a resolución administrativa o de policía. Aquí viene el aspecto clave: La configuración del delito de fraude a resolución administrativa o de policía requiere no solo el incumplimiento de la obligación, sino también el propósito de sustraerse fraudulentamente a su cumplimiento. Estos requisitos no se cumplieron, pues no hay duda de que incumplió la prohibición administrativa, pero no lo hizo fraudulentamente, a tal punto que corroboró la existencia de la sentencia en su contra. Resultado: esta persona fue absuelta. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Radicado 65941.

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@Prometeo214 @BluRadioCo @Prometeo214 Acaso tu gobernarias con tus enemigos, define persecución!

@petrogustavo Si te mamaste la Plata de Prosperidad Social Aumentando Subsidio para obtener votos acostillas de los recursos públicos y dejaste desfinanciado el resto de año, igual se te salió el tiro por el *

Buena tarde a todos. Vengo a publicar en esta oportunidad que me encuentro buscando trabajo. Soy abogado esp. en administrativo. Tengo experiencia en asesoría de entidades estatales en derecho público, constitucional, contratación estatal, proyección de actos administrativos, redacción y revisión de textos y conceptos jurídicos. He sido asesor tanto en entidades como para particulares en temas contractuales. Tengo buenas habilidades en investigación y tecnología, así que puedo estudiar temas jurídicos fácilmente y desarrollar documentos con eficiencia. Actualmente resido en Bucaramanga pero podría trasladarme. Agradezco RT

1/10 🧵 La sección tercera del @consejodeestado en sentencia proferida el 20 de abril de 2026, dentro del expediente 72477, resolvió los recursos de apelación formulados contra la sentencia anticipada del Tribunal Administrativo del Quindío que había declarado de oficio la nulidad absoluta del Contrato Interadministrativo n.º 008 de 2015, celebrado entre el @AlcaldiaArmenia y la @EduaArmenia_ para la construcción del Centro Cultural y Turístico La Estación – Fase 1. La controversia resulta particularmente relevante porque la segunda instancia mantuvo la nulidad absoluta del negocio jurídico, pero modificó sustancialmente la fundamentación empleada por el Tribunal y los efectos restitutorios de la invalidez contractual.

Muchos ordenadores del gasto confunden las fronteras entre el régimen ordinario y el exceptuado. La ley exige pasos y elementos a seguir de manera estricta. Primero, aclaremos estas dos figuras. La calamidad pública es el daño o alteración grave del funcionamiento de la población declarado por el mandatario local. En cambio, la urgencia manifiesta es una causal de contratación directa de la entidad para conjurar esa crisis. Son figuras autónomas pero complementarias. Para contratar bajo el Estatuto General de Contratación (Ley 80), es decir bajo Urgencia Manifiesta, se requieren obligatoriamente dos actos administrativos de forma concurrente: 1) El Decreto de calamidad pública expedido por el Alcalde o Gobernador. 2) El Acto Administrativo de Urgencia Manifiesta expedido de forma autónoma por la entidad estatal que va a contratar. Sin el primero no puede existir el segundo. ¿Hay excepciones? Sí, el régimen especial de la Ley 1523 de 2012 (Art. 66). Entidades como la fiduciaria del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, fondos territoriales o ejecutores directos de estos recursos contratan bajo el derecho privado directamente con la declaratoria de calamidad, sin necesidad de un acto de urgencia manifiesta. Este camino privado es excepcional. ¿El límite de adición del 50% aplica para la urgencia manifiesta? La respuesta es un rotundo sí. Al declarar la urgencia manifiesta, una entidad estatal del Estatuto General acude a una causal de contratación directa de la Ley 1150 de 2007 (Art. 2, Num. 4). Por tanto, estos contratos quedan plenamente bajo el imperio del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que prohíbe de forma terminante adicionar los contratos en más del 50% de su valor inicial expresado en salarios mínimos. ¿Y si se contrata bajo la Ley 1523 de 2012, aplica el limite de adición? Aquí el panorama cambia radicalmente. Como lo ha sostenido Colombia Compra Eficiente (Concepto C-1352 de 2025), los contratos celebrados bajo el régimen especial del artículo 66 se rigen por el derecho privado, el cual no contempla límites porcentuales para las adiciones. En consecuencia, la restricción del 50% no aplica; el límite estará fijado exclusivamente por el manual de contratación de la respectiva entidad o, ante su silencio, por la autonomía de la voluntad en la cuantía indispensable para superar el desastre. ¿Si los recursos no vienen de los fondos de desastres, no se puede usar el régimen especial de la Ley 1523 de 2012? La procedencia de este régimen exceptuado de derecho privado está estrictamente condicionada por un criterio subjetivo y de financiamiento (Art. 66 de la Ley 1523). El régimen de contratación de particulares aplica únicamente para: - La sociedad fiduciaria que administra el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo. - Las entidades ejecutoras que efectivamente reciban recursos provenientes de dicho Fondo Nacional. - Las entidades territoriales (alcaldías y gobernaciones) y sus fondos de gestión del riesgo locales. ¿Qué significa esto en la práctica para el sismo de hoy? Si una alcaldía o gobernación atiende la emergencia con recursos de su propio Fondo Territorial de Gestión del Riesgo (creado bajo el artículo 54 de la Ley 1523), sí puede aplicar el derecho privado sin importar que no reciba transferencias del Fondo Nacional. Pero cuidado: si un ministerio, un establecimiento público o una entidad descentralizada nacional pretende contratar con su propio presupuesto ordinario (sin recursos del Fondo Nacional), no puede aplicar el régimen privado de la Ley 1523. Así se puede tomar de los conceptos C-1045 de 2025 y C-702 de 2026: estas entidades están atadas al Estatuto General de Contratación y deben acudir a la figura de la urgencia manifiesta bajo la Ley 80, con todas sus restricciones formales y de control fiscal posterior. La Contraloría General de la República (Concepto CGR-OJ-088-2026) advierte que no se puede usar la flexibilización procedimental como un atajo para eludir licitaciones ordinarias o ejecutar obras estructurales preexistentes. El nexo causal directo, inmediato y material entre el sismo del Chocó y el objeto a contratar es ineludible, independientemente del régimen legal que se aplique. 🔍

@petrogustavo Como los buses eléctrico? Payaso

#ContrataciónEstatal 🛑 Las multas del representante legal no inhabilitan automáticamente a la persona jurídica • Las sanciones personales del representante legal no se extienden a la sociedad, salvo que una norma lo establezca expresamente. • El reporte en el Registro Nacional de Medidas Correctivas no genera por sí solo una inhabilidad. La restricción para contratar solo surge cuando la multa permanece sin pagar durante más de seis meses. • Si la persona en mora (por más de 6 meses) es el representante legal a título personal, la sociedad puede continuar contratando con el Estado, ya que la restricción afecta exclusivamente al sancionado y no se extiende a la persona jurídica. • Las entidades públicas deben identificar al sujeto afectado y verificar si existe una disposición legal que permita extender la inhabilidad. 🔗 Conozca los detalles de esta decisión: franciscofajardoabogados.com/las-multas-del… #ColombiaCompraEficiente #ContratosEstatales #FranciscoFajardoAbogados

¿CÓMO SE SOLUCIONAN LAS CONTRADICCIONES💥 ENTRE DOCUMENTOS DEL PROCESO?📄 En esta #InfografíaBP 📊 te contamos cómo puedes solucionar las contradicciones🔂, vacíos 🕳️ y ambigüedades 😵‍💫 que puedan encontrarse en los documentos de un proceso de contratación. 🫱🏻‍🫲🏼 #BPInforma #JuntosSomosMás #MoverNosMueve

⚠️El desequilibrio económico no equivale al incumplimiento contractual y, por supuesto, las fallas en planeación no generan desequilibrio pero sí pueden generar incumplimiento contractual ¿Cómo acompasar esto con el deber de colaboración de los contratistas? Aquí les contamos👇 En reciente sentencia, el Consejo de Estado reitera la diferencia entre ambas instituciones: una cosa es el desequilibrio económico que sucede por hechos sobrevinientes, y otra es el incumplimiento contractual, que acontece por un comportamiento antijurídico de una de las partes. Las fallas en la planeación por parte de la entidad no son causa de desequilibrio económico del contrato, pero sí pueden comprometer la responsabilidad contractual de la entidad estatal, en la medida en que es esta la principal llamada a entregar a sus contratistas la información y estudios necesarios que permitan darle cumplimiento al negocio jurídico que se propone. No obstante, los contratistas, cuando proponentes, son realmente los expertos conocedores de lo que se requiere contratar, por lo que el alto tribunal reitera el famoso "deber de colaboración" con la entidad estatal, en la medida en que (i) deben informar las deficiencias del proyecto licitado, y (ii) deben abstenerse de participar en un proyecto cuyas condiciones anticipan un resultado no satisfactorio. ¿Cómo acompasar el deber de planeación de la entidad con el deber de colaboración de los proponentes? Pues bien, el Consejo de Estado reitera en que el debate se centra en verificar si durante la fase de selección, el contratista conocía, o debía conocer, las deficiencias del proyecto. De ser afirmativo este supuesto, el contratista falla a su deber de colaboración imposibilitando su reclamación por fallas en la planeación a cargo de la entidad Descarga aquí👇 buff.ly/CBf7oAJ

🇨🇴 El Gobierno reglamentó el Impuesto de Salida del País por vía aérea (Decreto 0625 de 2026). ​Costará 1 USD (o equivalente en COP) y se cobrará en el tiquete El 100% financiará la lucha del ICBF contra la explotación sexual de menores. Exentos: pasajeros en tránsito y tripulación.

🚨⚖️ EL PROCEDIMIENTO DE LA LEY 1474 PREVALECE SOBRE LAS REGLAS GENERALES 🚨📑 🏛️ El Consejo de Estado reiteró que el procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 regula integralmente la imposición de multas y la declaratoria de incumplimiento en los contratos sometidos al EGCAP. 📌 Por ello, las reglas del CPACA solo pueden aplicarse de manera supletiva cuando exista un vacío total de regulación sobre un asunto específico. 🔗 Consulta la sentencia aquí: beltranpardo.com/noticias-jurid… #ContrataciónEstatal #Ley1474 #ConsejoDeEstado #DerechoAdministrativo #ProcedimientoSancionatorio #ContratosEstatale

📌♿ PUNTAJE ADICIONAL PARA EMPRENDIMIENTOS O EMPRESAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Colombia Compra Eficiente aclaró que para otorgar el puntaje previsto en el Decreto 287 de 2026 le corresponde a la entidad estatal verificar que la persona con discapacidad vinculada por el proponente ejerza realmente funciones del nivel directivo 🏛️📑 Para ello, deberá revisar las certificaciones y soportes laborales exigidos por la normativa, verificando que el cargo implique dirección de áreas misionales, toma de decisiones estratégicas o representación del empleador. ⚖️✔️ Consulta el concepto aquí 🔗beltranpardo.com/noticias-jurid… #BPInforma #JuntosSomosMás #MoverNosMueve

@AlejoExitiuM Interesante Dr me interesa

🚨LICITACIÓN PÚBLICA/SUSPENSIÓN DEL PROCESO/NUEVO CRONOGRAMA/NULIDAD DEL PLIEGO DE CONDICIONES/ADENDA EXTEMPORÁNEA. 🗓️LÍMITE TEMPORAL👉NO puede modificarse el pliego de condiciones dentro de los 3 días anteriores a lo previsto para el cierre del proceso de selección, ni siquiera para extender el término. 📌Diferencia entre adendas y saneamiento de vicios de procedimiento y de forma. 📌La suspensión del proceso de licitación y la existencia de un nuevo cronograma, con un nuevo plazo de presentación de las propuestas, constituye una modificación del pliego que no puede considerarse una simple corrección formal o el desarrollo de la facultad de sanear el proceso. contratacionenlinea.co/documentos/con…

📧 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS/APORTES PARAFISCALES. Contratista que ha superado la edad legal para pensionarse , pero no ha efectuado cotizaciones o aportes al sistema pensional. ¿Es obligatorio que realice aportes a pensión? ¿Los fondos de pensiones deben afiliarlo? contratacionenlinea.co/documentos/con…

⚡¡Atención contratistas! ¿El retraso de un proveedor del contratista constituye fuerza mayor que exonera de responsabilidad contractual? En reciente sentencia, el Consejo de Estado precisó el alcance de la fuerza mayor en contratos de suministro de equipos ¿De qué se trató?👇 El alto tribunal analizó un caso en que el contratista alegó fuerza mayor por el retraso de su proveedor en la entrega de equipos de cómputo, argumentando que esto le impidió cumplir oportunamente con la entidad contratante. El Consejo de Estado negó la configuración de fuerza mayor al constatar que: (i) el contrato no exigía equipos de una marca específica sino de cualquier marca reconocida que cumpliera las especificaciones técnicas; (ii) no se acreditó una imposibilidad absoluta de cumplimiento ni indisponibilidad generalizada en el mercado; (iii) el contratista, en ejercicio de su autonomía, decidió concentrar en un único fabricante el suministro total de equipos, incorporando a su esfera de responsabilidad los riesgos de la capacidad de respuesta de ese proveedor; y (iv) no se probó el carácter externo, imprevisible e irresistible del evento alegado. La tardanza de un proveedor cuya marca no era la única admitida contractualmente constituye un evento de la esfera de organización del contratista, vinculado a la gestión de su cadena de suministro. Descarga en comentarios👇