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¿Sin acta de reinicio el contrato estatal sigue suspendido? El CE dijo: NO Si vence el plazo de suspensión y las partes no acuerdan prorrogarla, el contrato se reanuda al día siguiente, aun sin acta Parece un caso puntual, pero la Sala formula una regla en apariencia general

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Cuando un contratista incumple, muchas entidades se quedan en cobrar la cláusula penal. Pero el Consejo de Estado recuerda que el daño puede ir más allá: mayor valor pagado a quien termina la obra + mayor interventoría por los retrasos.. ¿Estamos dejando recursos sin reclamar?

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En Lex Equina apoyamos el desarrollo agrícola y Agropecuario a través de contratos de Aparcería en Colombia. 🐄🌾 ¿Qué es el contrato de aparcería? Una figura con más de un siglo de historia en el campo colombiano: la unión entre quien tiene la tierra y quien tiene el trabajo, para repartirse las utilidades de explotarla juntos. La Ley 6ª de 1975 lo define como el acuerdo entre un propietario y un aparcero para explotar en mutua colaboración un predio rural (o parte de él), con el fin de repartirse entre sí los frutos o utilidades que resulten de esa explotación. ⚖️ Fundamento legal en Colombia: Ley 6ª de 1975 + su decreto reglamentario 2815 de 1975, hoy compilados en el Decreto 1071 de 2015 (Título 2.14.5). Son normas de orden público: los derechos del aparcero no se pueden renunciar ni pactar en contra. ✅ Características: es un contrato agrario, bilateral, de tracto sucesivo y de colaboración —no es laboral ni una sociedad formal—. El riesgo del negocio se comparte entre las partes, según lo que cada una aporte a la explotación. 🔄 Esquema operativo típico: el propietario aporta la tierra más los insumos o el dinero para la explotación; el aparcero aporta su trabajo personal, dirección y manejo del cultivo. Al vender la cosecha, se descuentan los gastos y el remanente se reparte entre ambos. 📝 Formalidades: debe constar por escrito y autenticarse ante juez o alcalde del lugar. Duración mínima: 3 años (o desde que el cultivo entra en producción, si es permanente). Se prorroga automáticamente por 1 año si ninguna parte avisa lo contrario con 3 meses de anticipación. 🚫 Protecciones para el aparcero: no se le pueden imponer multas ni cláusula penal, no se le pueden retener bienes sin intervención de autoridad competente, y tiene derecho de retención sobre el predio y las utilidades si no le pagan lo que se le debe. 💡 Beneficios: el propietario pone a producir tierra que no puede trabajar directamente, sin perder su titularidad; el aparcero accede a tierra y capital de trabajo sin comprarla ni endeudarse. Es una figura de colaboración, no de subordinación.

📌 Contratación estatal: Régimen de contratos con recursos de regalías. Ley 2056 de 2020. Artículo 37. Prevalencia de los recursos frente al manual del contratación de la entidad ejecutora. Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto de 25 de junio de 2026. Rad.110010306000202600088 00. C.P. María del Pilar Bahamón Falla. drive.google.com/file/d/1KLcK6r…

Vuelve y juega. ¿Por qué a un procurador le incomoda tanto que una entidad estatal y un contratista quieran conciliar?

🧵 HILO La Corte Constitucional acaba de dejar una regla que trasciende el derecho constitucional y puede tener importantes efectos en materia penal. Un funcionario público no deja de ser funcionario simplemente porque opine fuera de su horario o afirme que lo hace “como ciudadano”. Abro hilo. 🧵

Me indigna la labor negligente de ciertos procuradores administrativos judiciales. Las partes construimos fórmulas conciliatorias, las presentamos, y en lugar de un mínimo de colaboración recibimos un concepto de no aval de plano. Ni una oportunidad de ajustar aquello que el Procurador juzga oscuro, que siente que no le queda claro. No eleva ningún requerimiento, ninguna audiencia de precisión: derecho al reparo, nada. Peor aun, aún cuando las partes, de mutuo acuerdo, solicitamos la prórroga de tres (3) meses del trámite conciliatorio para que se ajuste aquello que el Procu demanda —sabiendo que en ese lapso, por expreso mandato del parágrafo del artículo 96 de la Ley 2220 de 2022, no opera la suspensión del término de caducidad del medio de control—, y asumimos voluntariamente ese riesgo para salvar el acuerdo. Las respuestas del procurador son conceptos que atacan lo pactado. Lo más grave es que no se sonrojan, en el papel cumplieron su labor, y que aun sabiendo que un concepto de no aval deja la aprobación del Tribunal en la cuerda floja, así lo suscriben, sin el rigor ni la vocación conciliadora que la función exige, no importa que el contingente judicial suba, de hecho lo manifiestan. El Ministerio Público en lo contencioso administrativo, se supone, existe para salvaguardar el patrimonio público y el interés general, no para sabotear acuerdos legítimos con conceptos que poco ayudan a la descongestión judicial, cumplen su trabajo sí, pero no la misionalidad y el objetivo de la función que les impera.

📑¿Qué pasa si nunca se firma el ACTA DE INICIO? La falta de suscripción del acta de inicio no puede servir de pretexto o justificación para concluir que nunca inició la vigencia del negocio jurídico. Implicaciones en los términos de caducidad del medio de control. Consejo de Estado contratacionenlinea.co/documentos/con…

📧 INHABILIDADES/SARLAFT/RIESGO DE CORRUPCIÓN. La inclusión en la Lista Clinton o los controles del SARLAFT no derivan inhabilidades o incompatibilidades. No pueden camuflarse como causales de rechazo en los pliegos de condiciones o documentos equivalentes. Incorporación en el contrato de cláusulas para la gestión del riesgo de corrupción 👉 contratacionenlinea.co/documentos/con…

🚨 SUBSANABILIDAD DE LA OFERTA/FICHA TÉCNICA. No todo error en la ficha técnica es causal de rechazo. Siempre que la ficha técnica no sea un requisito puntuable o que cambie uno de ellos que pueda mejorar la oferta, deberá subsanarse 👉 contratacionenlinea.co/documentos/con…

Importante sentencia en el temas de requisito habilitantes subsanables y ponderables de puntuación👇

Relatoría CCA ®️ @relatoriaCCA

3 months ago

🚨¿Se puede anular una adjudicación por confundir requisitos habilitantes con ponderables?El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictaminó que SÍ 👉Sentencia exclusiva para colegiados activos en nuestro canal WhatsApp

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⚠️El desequilibrio económico no equivale al incumplimiento contractual y, por supuesto, las fallas en planeación no generan desequilibrio pero sí pueden generar incumplimiento contractual ¿Cómo acompasar esto con el deber de colaboración de los contratistas? Aquí les contamos👇 En reciente sentencia, el Consejo de Estado reitera la diferencia entre ambas instituciones: una cosa es el desequilibrio económico que sucede por hechos sobrevinientes, y otra es el incumplimiento contractual, que acontece por un comportamiento antijurídico de una de las partes. Las fallas en la planeación por parte de la entidad no son causa de desequilibrio económico del contrato, pero sí pueden comprometer la responsabilidad contractual de la entidad estatal, en la medida en que es esta la principal llamada a entregar a sus contratistas la información y estudios necesarios que permitan darle cumplimiento al negocio jurídico que se propone. No obstante, los contratistas, cuando proponentes, son realmente los expertos conocedores de lo que se requiere contratar, por lo que el alto tribunal reitera el famoso "deber de colaboración" con la entidad estatal, en la medida en que (i) deben informar las deficiencias del proyecto licitado, y (ii) deben abstenerse de participar en un proyecto cuyas condiciones anticipan un resultado no satisfactorio. ¿Cómo acompasar el deber de planeación de la entidad con el deber de colaboración de los proponentes? Pues bien, el Consejo de Estado reitera en que el debate se centra en verificar si durante la fase de selección, el contratista conocía, o debía conocer, las deficiencias del proyecto. De ser afirmativo este supuesto, el contratista falla a su deber de colaboración imposibilitando su reclamación por fallas en la planeación a cargo de la entidad Descarga aquí👇 buff.ly/CBf7oAJ

@colombiacompra publica proyecto para actualizar los documentos tipo en contratación de infraestructura de agua y saneamiento prensajuridica.com/details/item/3…

Terminación unilateral de contratos privados: límites de la buena fe y del abuso del derecho La terminación unilateral de un contrato se fundamenta en el principio de la autonomía de la voluntad y constituye un pacto válido entre privados, incluso en contratos estatales regidos por el derecho privado. Según la providencia, estas manifestaciones de voluntad son consideradas "meros actos contractuales" que se originan en la autonomía dispositiva o negocial y no en una facultad legal excepcional, pues su finalidad es regular la relación negocial dotándola de mecanismos eficaces para la consecución del interés de las partes. En consecuencia, el ejercicio de esta facultad no corresponde a una prerrogativa del poder público ni a una manifestación del ius puniendi, por lo cual no se hace efectiva mediante un acto administrativo ni requiere un procedimiento previo, sino que se rige por lo estipulado en el acuerdo y los límites del ordenamiento jurídico. Sin embargo, la efectividad de estas cláusulas no es absoluta, ya que tanto su estipulación como su ejercicio deben atender a los principios de buena fe contractual y a la prohibición constitucional del abuso del derecho. La sentencia resalta que la terminación unilateral no implica que el deudor quede a merced del acreedor, pues el juez del contrato debe verificar que la resolución se ajuste a las condiciones legales y no haya sido abusiva. Específicamente, se requiere que el acreedor comunique su decisión y otorgue un "plazo razonable" para que el deudor tenga la oportunidad de ajustar su conducta al comportamiento requerido; de lo contrario, la facultad se considera ejercida de forma indebida y como un atentado a la lealtad y probidad exigibles. En el caso analizado, la Sala revocó parcialmente la sentencia de primera instancia al declarar que la entidad contratante desconoció la buena fe y abusó de su derecho al terminar el vínculo sin informar previamente que consideraba ejercer dicha facultad, ni conceder un plazo para que el contratista cumpliera sus obligaciones antes del ejercicio de la potestad. No obstante, el fallo negó las pretensiones de condena por perjuicios materiales, debido a que se demostró que el contratista ya se encontraba en una situación de incumplimiento e incapacidad financiera que le impedía continuar con la ejecución de la obra. Por lo tanto, dado que el pago de la contraprestación dependía de la ejecución de actividades que el contratista no podía garantizar, no se reconocieron sumas por rentabilidad o utilidad dejada de percibir. Portal de actualización Jurisprudencial. Solicita tu suscripción aquí 👉wa.link/hd8rzi

¿Sabías que tu empresa puede tomar decisiones sin reunir físicamente a los socios, accionistas o miembros de junta directiva?. La Ley 222 de 1995 contempla dos mecanismos distintos para lograrlo, y confundirlos —o mezclarlos— puede hacer que la decisión termine siendo ineficaz, es decir, que no produzca ningún efecto jurídico. Aquí la diferencia, explicada sin tecnicismos. 1. Reunión no presencial (artículo 19) Aquí sí hay una reunión, solo que no es presencial. Los socios o miembros deliberan y deciden a distancia, por cualquier medio que permita comunicación simultánea (videollamada, llamada telefónica) o sucesiva (mensajes que se contestan de forma inmediata), siempre que quede prueba de ello. Como es una reunión, conserva sus reglas clásicas: requiere convocatoria previa, se computa el quórum de los asistentes a esa "reunión virtual", y hay deliberación conjunta antes de votar. 2. Otro mecanismo: decisión por voto escrito (artículo 20) Esta vía es distinta en su naturaleza: no es una reunión. No hay convocatoria, no hay deliberación conjunta ni instalación del órgano. Lo que ocurre es que el representante legal pone en conocimiento de todos los socios o miembros el asunto a decidir, y cada uno expresa por escrito el sentido de su voto. La condición para que esto funcione: deben votar el 100% de los socios, cuotas o miembros de junta directiva. Si los votos llegan en documentos separados (por ejemplo, correos distintos), deben recibirse todos dentro de un plazo máximo de un mes contado desde que llegó el primero. Además, la mayoría no se calcula sobre "los que contestaron", sino sobre el total de partes de interés, cuotas, acciones o miembros en circulación. Y el representante legal tiene 5 días, después de recibir el último voto, para informar a todos el resultado. Lo que puede salir mal: la ineficacia La ley es estricta en ambos casos, y la sanción es dura porque opera de pleno derecho, sin necesidad de que un juez la declare: • En reunión no presencial: si alguno de los socios o miembros no participó en la comunicación, la decisión es ineficaz. • En voto escrito: si alguno no expresó su voto, o si se superó el plazo de un mes, la decisión también es ineficaz. El paso final: el acta Sea cual sea el mecanismo usado, el acta correspondiente debe elaborarse y asentarse en el libro respectivo dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se concluyó el acuerdo, y debe estar firmada por el representante legal y el secretario de la sociedad (o, a falta de este, por alguno de los socios o miembros). En resumen: si vas a reunir a tu órgano social a distancia, usa el artículo 19; si prefieres evitar la reunión y recoger votos por escrito, usa el artículo 20 — pero nunca mezcles las reglas de uno con las del otro, porque ahí es donde surgen los problemas de eficacia. Documentar bien estos procesos no es un formalismo: es lo que blinda tus decisiones corporativas frente a cámaras de comercio, terceros y eventuales litigios. Nota para entidades sin ánimo de lucro (corporaciones, asociaciones y fundaciones): lo anterior aplica a sociedades comerciales. Para las ESAL, estos mecanismos no operan de manera automática. Conforme al numeral 1.5.2.2 de la Circular 100-000002 de 2022 de la Superintendencia de Sociedades, cuando los estatutos de la ESAL no regulan el órgano competente, la convocatoria, el quórum o las mayorías, las cámaras de comercio no acuden por integración normativa a las reglas sustanciales del Código de Comercio —al no existir norma que remita a su aplicación—, y en consecuencia tampoco resultan aplicables las causales de inexistencia ni de ineficacia allí previstas. Antes de usar el artículo 19 o el 20 en una ESAL, verifica que tus propios estatutos lo autoricen expresamente.

🏛️ ¿Puede una entidad estatal "revivir" un plazo vencido en una licitación si el error fue de ella misma? El Consejo de Estado acaba de resolverlo. El caso: en una licitación de obra pública, la entidad olvidó pedirle a la mayoría de los oferentes un documento que no otorgaba puntaje (disponibilidad de laboratorio). Se dio cuenta ya en plena audiencia de adjudicación y les abrió un plazo adicional para completarlo. Un proponente que sí había cumplido a tiempo demandó, alegando que ese plazo ya estaba precluido y que "revivirlo" violaba los principios de igualdad y economía procesal (art. 25 Ley 80/1993). La clave del fallo: conforme al parágrafo 1° del artículo 5 de la Ley 1150/2007 (modificado por el art. 5 de la Ley 1882/2018), los requisitos que no otorgan puntaje "deberán ser solicitados por las entidades estatales" — el derecho a subsanar no nace por iniciativa del oferente, sino del requerimiento que haga la entidad. Si esta nunca lo pidió dentro del término legal, los oferentes tampoco tuvieron oportunidad real de corregir, comprometiendo su debido proceso. Por eso el Consejo de Estado avaló que la entidad corrigiera su propio error abriendo el requerimiento de forma tardía, apoyándose además en la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente (num. 6.6), que contempla justamente ese escenario, y en los principios de economía y eficiencia (arts. 23 y 25 Ley 80/1993; art. 3 CPACA). La preclusión cede cuando el yerro es imputable a la Administración, no al proponente. 📌 Lección práctica: la subsanabilidad es un derecho reactivo, que se activa con el requerimiento de la entidad y no de oficio por el proponente. Pero un error de la entidad tampoco puede perjudicar a quien, de buena fe, cumplió dentro del plazo. CE, Secc. 3ª, Subsecc. C, sent. 17-sep-2025, rad. 68181

📧 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS/HONORARIOS. ¿Puede la entidad estatal justificar el pago de honorarios en contratos de prestación de servicios exclusivamente mediante el cumplimiento y contabilización estricta de horas laboradas , pese a la naturaleza autónoma de este tipo contractual? contratacionenlinea.co/documentos/con…

⚖️ SC143-2026 (CSJ, Sala Civil) — un fallo que vale la pena discutir. La Corte NO CASÓ una sentencia que le negó al interventor el saldo del contrato ($828M, indexado a $1.341M) por servicios "no ejecutados"… pese a que la propia entidad le certificó el cumplimiento del 100% de SUS obligaciones. ¿La razón? El contrato de interventoría (régimen privado, FONADE) y sus otrosíes ataron el pago del saldo al avance y a la liquidación del contrato principal. El Tribunal leyó esa coligación como condicionante del pago, y la CSJ respetó esa lectura por dos vías: falla técnica del recurso (no atacó todas las pruebas) e interpretación que "no luce caprichosa ni antojadiza". El contraste que me interesa: la línea del Consejo de Estado ha sostenido que, aun coligados el contrato principal y el de interventoría, la remuneración del interventor responde a SU propia gestión y no puede quedar del todo supeditada al avance ajeno. Ojo: la CSJ no sentó una regla sustancial nueva. Aplicó deferencia interpretativa en casación. Pero el resultado tensiona ese principio de autonomía remuneratoria del interventor. ¿Matiz procesal o giro de fondo?

📧 CERTIFICACIONES DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD. No se pueden exigir como requisito habilitante o puntuable contratacionenlinea.co/documentos/con…